La Xunta modifica las normas de convivencia para endurecer sanciones por el móvil
La Xunta de Galicia prepara una reforma de las normas de convivencia escolar que contempla sancionar con entre seis y veinte días lectivos de suspensión de asistencia a los alumnos que utilicen el teléfono móvil sin autorización en los colegios e institutos, según informó Diario de Santiago el 24 de octubre de 2026. La medida se incorporará a la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos autonómicos de 2027, aunque la reforma todavía debe completar su tramitación y no está en vigor.
La iniciativa no introduce una prohibición absoluta —que ya existe—, sino que incorpora de forma expresa la utilización indebida de dispositivos electrónicos como una conducta considerada grave contraria a la convivencia. Hasta ahora, la normativa gallega distinguía entre infracciones leves y conductas gravemente perjudiciales; la novedad es la creación de una categoría intermedia con sanciones específicas para conductas que la Administración juzga merecedoras de una respuesta disciplinaria mayor.
Qué sanciones propone la reforma y cómo se aplicarán
Según el texto recogido por el medio regional, las consecuencias disciplinarias previstas van desde la imposición de tareas educativas o actividades académicas dentro o fuera del horario lectivo hasta la suspensión temporal de la asistencia al centro. En los casos que la Administración estime de mayor gravedad, la sanción podrá alcanzar entre seis y veinte días lectivos de expulsión. Durante ese periodo, el alumno deberá realizar desde su domicilio los trabajos que le establezca el profesorado para evitar la interrupción de su formación.
- La restricción afecta no solo a las aulas, sino también a las entradas y salidas del centro, los recreos, el comedor escolar y las actividades complementarias o extraescolares.
- La medida forma parte de una modificación legislativa más amplia que refuerza la autoridad del profesorado y precisa sanciones para incumplimientos reiterados de tareas y para casos de acoso y ciberacoso.
- La reforma se incorporará a la normativa por la vía de la ley que acompaña a los presupuestos autonómicos de 2027, por lo que aún está pendiente de tramitación.
La prohibición general del uso de móviles en los centros gallegos comenzó a aplicarse en enero de 2024 y quedó recogida en la Ley 5/2024, de 27 de diciembre, recordó la información. La diferencia ahora es que la normativa pretende establecer con mayor precisión qué comportamientos constituyen una falta intermedia y cuál será la respuesta disciplinaria concreta.
Contexto y alcance
La reforma anunciada responde, según la propia redacción del cambio normativo, a la necesidad de disponer de instrumentos más precisos para afrontar conductas que alteran la convivencia escolar, desde el incumplimiento reiterado de las obligaciones académicas hasta el acoso y el ciberacoso. La extensión de las sanciones a espacios comunes y a actividades fuera del aula busca cubrir situaciones en las que la utilización del dispositivo tiene efectos sobre la convivencia más allá del horario lectivo presencial.
Como subrayó la información, las medidas se aplicarían evitando la interrupción de la formación: durante la suspensión el alumnado debe continuar realizando los trabajos que indique el centro. Al mismo tiempo, la norma aún tendrá que seguir el trámite legislativo autonómico antes de ser de aplicación efectiva, por lo que las familias y los centros deben considerar por ahora el anuncio como un avance en la propuesta normativa y no como un cambio ya en vigor.
Implicaciones para familias y centros
La aparición de una categoría intermedia de infracciones puede suponer un aumento de las sanciones aplicables por usos indebidos del móvil, con consecuencias disciplinarias más detalladas. La ampliación del ámbito de aplicación —entradas y salidas, recreo, comedor y actividades extraescolares— obliga a los equipos directivos a concretar protocolos de actuación si la reforma se aprueba tal y como se plantea. También plantea cuestiones prácticas sobre el seguimiento de las tareas que el alumnado debe realizar desde su domicilio durante una suspensión y sobre los mecanismos de comunicación entre familias y centros.
El cambio propuesto por la Xunta añade una capa normativa respecto a la regulación vigente desde 2024, pero para que estas sanciones puedan aplicarse será necesario completar la tramitación parlamentaria de la ley de medidas fiscales y administrativas que forma parte del paquete presupuestario de 2027.
