ANPE Rioja ha reclamado la creación de un protocolo específico contra el ciberacoso al profesorado a través de redes sociales. La petición, difundida este 29 de octubre de 2026, se centra en los perfiles anónimos conocidos como «curis», desde los que, según el sindicato, se han producido episodios de humillación y contenidos vejatorios dirigidos a docentes.
La organización considera que estas conductas no deben quedar sin respuesta y sostiene que la investigación corresponde a la Administración y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. ANPE Rioja señala que los profesores no cuentan con herramientas para identificar por sí mismos a quienes están detrás de esas cuentas y que tampoco deben asumir una tarea que exige medios técnicos y competencias específicas.
«Es inaceptable que las redes sociales se utilicen para ridiculizar, humillar o faltar al respeto a cualquier integrante de la comunidad educativa», ha señalado ANPE Rioja.
Una respuesta coordinada para retirar los contenidos
La propuesta sindical reclama que el mecanismo permita actuar ante varias formas de violencia digital que pueden afectar a la vida profesional y personal de los docentes. En concreto, ANPE Rioja pide que el protocolo contemple:
- La investigación del ciberacoso y de la posible suplantación de identidad.
- La localización de los responsables de las cuentas y la recopilación de pruebas.
- La retirada de las publicaciones que vulneren la dignidad de las personas afectadas.
- La protección del profesorado mediante la coordinación de la Inspección educativa, la Agencia Española de Protección de Datos y la Policía.
El sindicato ha situado esta demanda dentro de las obligaciones de protección de la comunidad educativa. La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) reconoce al profesorado como autoridad pública, según recuerda ANPE Rioja, mientras que la normativa autonómica de La Rioja refuerza esa consideración a través de su decreto de convivencia.
Ese decreto establece que el profesorado tiene la consideración de autoridad pública y debe recibir la protección asociada a esa condición. También califica como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las ofensas graves y las faltas de respeto a la integridad y la dignidad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa, con independencia del medio utilizado.
Del reconocimiento legal a la protección efectiva
Para ANPE Rioja, el reto está en que ese marco normativo se traduzca en actuaciones eficaces cuando las agresiones se producen en entornos digitales. La organización reclama que los centros y los docentes dispongan de un procedimiento claro para comunicar los hechos, preservar las evidencias y solicitar la retirada de los contenidos, sin dejar sobre las personas afectadas la responsabilidad de identificar a los autores.
La petición se refiere a la protección del conjunto de la comunidad educativa, aunque pone el foco en los docentes que reciben ataques desde perfiles anónimos. El planteamiento del sindicato vincula la convivencia escolar también con lo que ocurre fuera del aula: las redes sociales pueden prolongar una situación de hostigamiento y dificultar la respuesta cuando no existe una coordinación definida entre Educación, protección de datos y los cuerpos policiales.
