Docentes y representantes sindicales se concentraron el lunes ante el IES Rusadir de Melilla para denunciar las «últimas agresiones» sufridas por profesorado y exigir medidas a la Dirección Provincial de Educación y al Ministerio de Educación. La protesta fue convocada por la Junta Personal Docente No Universitario, que calificó de insuficientes las herramientas actuales para prevenir y actuar ante estos episodios.
«No podemos ni vamos a tolerar que la agresión, la intimidación o la violencia se produzcan dentro o fuera de las instalaciones escolares, pretendan normalizarse o instalarse en el día a día de la vida docente», dijeron los convocantes.
Los concentrados subrayaron que la violencia contra el profesorado supone «una agresión directa contra todo el sistema educativo» y pidieron a la sociedad melillense protección para los docentes, a los que definieron como «motor imprescindible» del progreso. Según el comunicado difundido por la Junta Personal Docente No Universitario, también hubo críticas a la «inacción» y a la «falta de medidas adecuadas» de la administración educativa local.
Demandas concretas a la administración
La Junta Personal Docente No Universitario hizo llegar a la Dirección Provincial y al Ministerio una batería de reclamaciones que, según su nota, persiguen ofrecer «asistencia inmediata» y mejorar la prevención y la respuesta institucional. Entre las peticiones figuran:
- La creación de una Unidad de Atención al Profesorado, dependiente de la Dirección Provincial, que proporcione acompañamiento, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico especializado al docente agredido.
- Un protocolo específico y efectivo de actuación ante agresiones, adaptado a la realidad de la ciudad y complementario a la prevención de riesgos laborales.
- El reconocimiento del docente como autoridad pública y la garantía de asistencia legal inmediata por parte de la administración.
- Un servicio permanente de seguridad en las entradas de los centros educativos para prevenir incidentes en los aledaños y dentro de las instalaciones.
En su denuncia, los sindicatos reclamaron también medidas que eviten la «normalización» de la violencia y reclamaron que la protección de la integridad física, psicológica y moral del profesorado sea una «prioridad absoluta e innegociable» para la administración educativa.
Reclamaciones y procedimiento
La petición de una unidad de atención plantea la creación de un recurso institucional que ofrezca soporte jurídico y psicológico inmediato, mientras que el protocolo especializado debería completar las actuaciones existentes en materia de prevención de riesgos laborales, según la Junta Personal Docente No Universitario. Los convocantes insistieron en que han trasladado estas demandas «en muchísimas ocasiones» tanto a la Dirección Provincial como al Ministerio de Educación.
La movilización en Melilla se produce en un contexto en el que sindicatos y asociaciones de profesorado de distintas comunidades han venido reclamando mejores respuestas ante casos de violencia contra docentes. En esta ocasión, la protesta se centró en los hechos ocurridos en el IES Rusadir y en la petición de medidas ejecutivas y concretas a las administraciones competentes.
El comunicado de la Junta Personal Docente No Universitario concluye reclamando «asistencia inmediata» y mayor implicación institucional para garantizar la seguridad del profesorado en el desarrollo de su tarea educativa.
