La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este 3 de noviembre de 2026 la toma en consideración del proyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia. La decisión abre el trámite parlamentario de una norma que pretende sustituir la legislación autonómica vigente desde 2005 y adaptar el sistema universitario regional a los cambios educativos, científicos y tecnológicos de las últimas dos décadas.
El texto ha sido impulsado por el Gobierno autonómico y defendido ante la Cámara por el consejero de Universidades, Juan María Vázquez. Según explicó durante el debate, la futura ley busca proporcionar a las universidades de la Región un marco «actualizado, estable y útil» para los próximos años. La propuesta todavía no está aprobada de forma definitiva: ahora los grupos parlamentarios podrán presentar sus posiciones y abordar el contenido del proyecto durante su recorrido legislativo.
Participación estudiantil e inclusión
Entre las novedades señaladas por el consejero figura la creación del Consejo de Estudiantes de las Universidades, un órgano concebido para reforzar la participación del alumnado en el sistema universitario regional. El proyecto también incluye medidas de inclusión y accesibilidad, dos ámbitos que afectan a la experiencia académica y a las condiciones de acceso y permanencia en los campus.
- Creación de un Consejo de Estudiantes de las Universidades.
- Refuerzo de las políticas de inclusión y accesibilidad.
- Nuevo modelo de financiación para las universidades públicas.
- Impulso de la investigación, la transferencia de conocimiento y la internacionalización.
La financiación de las universidades públicas ha sido el principal punto de discrepancia durante la sesión. El diputado socialista Juan Andrés Torres ha sostenido que el proyecto no garantiza recursos suficientes para el funcionamiento de los campus. Torres ha reclamado que la inversión alcance el 1 % del producto interior bruto regional, frente al 0,77 % actual, según las cifras expuestas en el debate parlamentario.
«La nueva ley no garantiza financiación suficiente ni moderniza el sistema universitario», ha afirmado el diputado socialista Juan Andrés Torres durante la sesión.
El parlamentario socialista también ha señalado que el proyecto no incorpora, a su juicio, medidas sobre vivienda, becas, transporte y salud mental para los estudiantes, aunque ha reconocido la participación de colectivos universitarios en la elaboración de aportaciones al texto. Estas críticas se producen antes de que la iniciativa complete el debate y pueda ser modificada durante la tramitación.
La diputada del grupo Mixto María Marín ha advertido de que la propuesta podría abrir la puerta a la privatización de la enseñanza superior y ha cifrado en «hasta un 30 %» el posible recorte encubierto de la financiación pública. Por su parte, el diputado de Vox Ignacio Arcas ha indicado que un eventual voto favorable no equivaldría a un «cheque en blanco» y ha reclamado que se garantice la neutralidad ideológica en las aulas.
Una reforma para el sistema universitario regional
Además de la financiación y los derechos de los estudiantes, el proyecto aborda el impulso de la investigación y la transferencia de conocimiento, así como la cooperación internacional de las universidades de la Región de Murcia. La reforma pretende encajar la normativa autonómica con la Ley Orgánica del Sistema Universitario y con la regulación estatal en materia de ciencia, tecnología e innovación.
La iniciativa afecta al conjunto del sistema universitario murciano y no solo a una institución concreta. En la sesión de la Asamblea estuvieron representadas la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica San Antonio de Murcia. La aprobación de la toma en consideración permite que el proyecto continúe su tramitación, pero deja todavía pendiente el debate sobre su contenido y la decisión final de la Cámara autonómica.
