La Comunidad de Madrid ha anunciado la elaboración de un Decreto de Convivencia Escolar y Autoridad del Profesor con el objetivo de dotar a los docentes y a los equipos directivos de los centros educativos de mayor capacidad de respuesta frente a incidentes de convivencia, según explicó la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en un encuentro con medios.
Qué plantea el decreto
El texto, cuya tramitación se hará de forma urgente, pretende actualizar y completar lo previsto en la Ley 2/2010, de 15 de junio, para que los docentes tengan «mayor capacidad real para actuar en el día a día», expliquen fuentes de la consejería, recogidas por la información local. La intención es que la norma pueda entrar en vigor en el curso 2027/28, con un margen para que los centros adapten sus normas internas y para ofrecer formación sobre su aplicación.
Entre las novedades que se detallan en la propuesta se incluyen:
- La tipificación clara de faltas leves, graves y muy graves, aplicable durante el horario lectivo y en actividades extraescolares, transporte escolar, conductas fuera del centro y en redes sociales.
- La posibilidad de que los centros añadan faltas complementarias dentro de su autonomía.
- La definición de medidas correctoras que podrán aplicarse cuando se cometan esas faltas.
- El reconocimiento de la presunción de veracidad de las declaraciones del profesorado cuando los hechos y la autoría estén claros, para facilitar respuestas inmediatas ante insultos, faltas de respeto, peleas o alteraciones de la convivencia.
"Son cosas de chicos"
La consejería plantea, en esencia, reducir trámites burocráticos que hoy retrasan la adopción de medidas disciplinarias y permitir actuaciones más directas por parte del personal docente. Según la información difundida por el medio que adelantó la iniciativa, esa mayor agilidad afectaría a procesos que actualmente requieren varios pasos administrativos para materializar sanciones o medidas preventivas.
Contexto y alcance
La iniciativa autonómica se enmarca en un debate más amplio sobre convivencia escolar que han abordado distintas administraciones en España y que incluye propuestas para reforzar la autoridad del profesorado y definir con claridad las respuestas ante el acoso, el ciberacoso y conductas disruptivas en las aulas. La Comunidad de Madrid subraya que la intervención busca garantizar el derecho a la educación del resto del alumnado y mejorar el clima escolar.
El decreto afecta exclusivamente a los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid —públicos y concertados— y será la propia consejería la encargada de su tramitación y aprobación. La norma prevé dejar un plazo hasta el inicio del curso 2027/28 para que los colegios e institutos adapten sus normas internas y para que el profesorado y los equipos directivos reciban orientación y formación sobre su aplicación.
Reacciones previsibles
Aunque la comunicación oficial detalla objetivos generales y medidas de procedimiento, la concreción de las faltas tipificadas, las medidas correctoras y el procedimiento concreto de aplicación suelen ser los puntos que generan debate entre sindicatos, asociaciones de padres y profesorado y juristas, que habitualmente reclaman garantías para proteger derechos y evitar arbitrariedades. La consejería ha anunciado que tramitará el decreto con carácter urgente, pero no ha facilitado aún el texto completo ni el calendario exacto de consultas públicas o negociaciones con colectivos educativos.
Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid trasladaron los detalles iniciales en un encuentro con medios recogido por los medios regionales.
